Concentración animalista por el descontento con la gestión de los socialistas y acusaciones del PP

El gobierno de Ortiz va a ser puesto a prueba en su capacidad de gestión por los animalistas: la mayoría de las asociaciones por el bienestar animal de Pinto han mostrado su rechazo a la decisión de la Concejalía de Protección Animal de continuar con el curso de las sanciones de 750 euros a dos alimentadoras de gatos de la calle pertenecientes a la asociación ABAP y a las que no se les concede su “carné de alimentadoras”.

La asociación ABAP ha pedido ayuda institucional a otras asociaciones, y contará con la presencia de la Federación de Asociaciones de Derecho Animal (FADAN) en la concentración popular convocada el domingo 1 de Diciembre de 11 a 13 horas frente al Ayuntamiento de Pinto, con consignas como “los gatos de Pinto se mueren de hambre”.

La concentración exigirá solución inmediata a la gestión de Colonias Felinas, que continúan sin gestión desde el gobierno de Ganemos Pinto y tras un fracasado intento de licitación del gobierno socialista.

Para esta Federación, “La falta de alimento y cuidados sanitarios es maltrato animal, y en este caso, viene propiciada por el propio Ayuntamiento, que con sus multas está provocando el temor a alimentar y consecuencia de ello los gatos de Pinto están empezando a enfermar, y de seguro morirán por inanición, lo que además de ser una crueldad precisamente ahora con temperaturas gélidas, atenta directamente contra la Ley 4/2016, de 22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.”

El Partido Popular aprovecha el descontento animalista para sumar descrédito al gobierno de Ortiz y denunciar por Nota de Prensa que el alcalde no atendió la recomendación en contra de la celebración del evento “Perros al Agua” de este verano y dado por la inspectora sanitaria del Ayuntamiento, algo que ya señalaba el grupo municipal de Ciudadanos el 30 de septiembre denunciando que se había vulnerado una ordenanza municipal con este evento.

Para los Populares, el gobierno socialista vulneró a sabiendas una normativa autonómica y otra local con la celebración de este evento,  y se cuestiona si se van a sumir responsabilidades por no atender informes técnicos, el respeto a la legalidad por parte del partido socialista de Ortiz, y si “el fin justifica los medios”.