Sociedad

El Juzgado revoca y deja sin efecto dos sanciones graves impuestas a una trabajadora de Aserpinto

El Juzgado revoca y deja sin efecto dos sanciones impuestas por ASERPINTO a una trabajadora.
Carmen Arranz, trabajadora de Aserpinto, fue sancionada por dos faltas graves de desobediencia a las órdenes dadas por Consoli Astasio. Decidió acudir a los tribunales al considerar que dichas sanciones no estaban justificadas.
El día 2 de junio de 2017 se ha recibido la sentencia del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid (autos 387/2017) instada por la trabajadora  Carmen Arranz frente a la empresa ASERPINTO SA.
El objeto de la demanda de esta trabajadora de Aserpinto era la de impugnar las dos sanciones con la calificación de GRAVES, impuestas por la empresa el pasado día 10 de febrero de 2017 por incumplimiento de órdenes y desobediencia de las ordenes dadas directamente por la Consejera Delegada Consolación Astasio hacia la demandante, Carmen Arranz dentro de sus funciones propias de capataz.
La Sentencia en su Fallo estima la demanda y “revoca y deja sin efectos las dos sanciones que la demandada ASERPINTO S.A. la impuso el 10/2/2017. Advirtiendo a las partes que esta sentencia es firma y contra ella no cabe interponer recurso alguno”.
En el FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO de la citada Sentencia se fundamenta por el Juzgador (y cito textualmente) que “el Convenio Colectivo en su art. 13 C) viene a definir con claridad las funciones de capataz, categoría que la demandante ostenta como aquel que, entre otras tareas, tiene la de organizar, coordinar, distribuir y supervisar el trabajo del personal bajo su dirección que se concreta en 90 personas en tareas de limpieza de centros educativos, y locales del apuntamiento de Pinto. Partiendo de estas tareas la imputación referida a destinar a limpiadoras a distintas dependencias forma parte de su cometido laboral y se debe considerar como una decisión adecuada a las circunstancias descritas. En otras palabras, la demandante actuó de forma razonable destinando a dos limpiadoras a otros centros que carecían de personal, por lo que no ha existido incumplimiento contractual por su parte por lo que la sanción impuesta se califica de improcedente”.
 
Con esta Sentencia, el juzgado da la razón a la demandante frente a imputaciones graves que realiza la Sra. Consejera Delegada. Asimismo,  elimina toda clase de dudas de su buen hacer, al tiempo que deja clara constancia que la trabajadora demandante como capataz es la que debe coordinar, supervisar y distribuir a las trabajadoras limpiadoras a su cargo, como viene realizando durante una década.
La abogada de la defensa, Mariola Amestoy,  ha declarado que
“Espero como Letrada de la defensa de Doña Carmen que la Sra. Consejera Delegada haya aprendido la lección y deje de tener una actitud no solo de prepotencia absoluta hacia los trabajadores sino también una actitud excesivamente controladora con la labor de mi clienta que en términos jurídicos, si continua así, puede llevar a sobrepasar los límites de una situación de acoso laboral”.