Sociedad

Segundo día del juicio a los 8 de Airbus: turno de la policía

La segunda vista oral de los 8 de Airbus ha tenido lugar este miércoles en los juzgados de Getafe. El abogado de Comisiones Obreras (CCOO) Antonio García asegura que los testimonios de los dos agentes que han declarado este miércoles estaban pactadas y deliberadas previamente entre ellos. Recuerda que muchos de los policías forman y han formado parte del mismo grupo y por tanto, han tenido tiempo de preparar. Los agentes han reconocido, no obstante, que tienen abiertos expedientes disciplinarios por los disparos. Los policías han intentado justificar la utilización de armas de fuego basándose en una presunta violencia previa. “Hay numerosísimas contradicciones en toda la declaración y yo creo que se van a poner de manifiesto en los informes finales porque son insostenibles”, concluye el letrado laborista.

José Alcázar, expresidente del comité interempresas de Airbus y uno de los trabajadores encausados, ha asegurado que están tranquilos, que confían en que el viernes el caso no esté visto para sentencia sino que haya una solución por parte de la Fiscalía. “Queremos felicitar a todos los trabajadores y ciudadanos que ayer apoyaron masivamente esta causa, no solamente en Getafe que fue un día histórico, sino en muchas capitales de provincia”, ha expresado en relación a la manifestación que recorría las calles de Getafe y otras ciudades este martes. Alcázar ha expresado su satisfacción por la cobertura mediática que está teniendo el juicio y por la presencia de formaciones políticas, como Podemos, Izquierda Unida o PSOE en la manifestación. Los 8 de Airbus  esperan que las fuerzas progresistas gobiernen y que deroguen las reformas laborales de 2010 y de 2012, la Ley Mordaza y el artículo 315.3 del Código Penal.

Por su parte, Pilar García, secretaria de Acción Sindical de CCOO, opina que todo forma parte de la misma campaña de descrédito del ámbito sindical.

“Somos el único bastión de resistencia que tienen los trabajadores en este momento y que tenemos sobretodo en defensa de los derechos que se nos están arrebatando”

declara. Y continúa: “ es penoso que a estas alturas, en 2016, todavía tengamos que estar peleándonos por el derecho de huelga”.

Este miércoles por la tarde se ha celebrado un acto en apoyo a esta causa en el campamento que se ha formado a las puertas de los juzgados de Getafe con intervenciones de otros trabajadores en conflicto laboral y con actuaciones musicales. La manifestación contra la criminalización del Derecho a Huelga y por la derogación del artículo 315.3 del Código Penal parte a las 18:30 de Cibeles, para terminar en Sol y la convocan: CCOO, UGT, USO, CGT, CSIT, UNIÓN PROFESIONAL, AMYTS, SATSE, SOLIDARIDAD OBRERA, UNIÓN DE ACTORES, STEM  y  ALTERNATIVA SINDICAL DE SEGURIDAD PRIVADA. Además contará con la presencia y el apoyo de diversas plataformas sociales, entre ellas, el comité sur de las Marchas de la Dignidad 22M, entre los cuáles está el comité pinteño.

A estos ocho trabajadores se les acusa de atentar contra el derecho de los trabajadores, basándose en el artículo 315.3 CP, de falta por desorden y de atentar contra las fuerzas del orden, es decir, lesionar a los agentes antidisturbios. Todo empieza en la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuando un trabajador de la fábrica getafense, conocido por simpatizar con ideas cercanas a la extrema derecha, intenta entrar a la fuerza a trabajar. Esto provoca que un gran dispositivo de la UIP intervenga. La policía carga contra los piquetes informativos que hay en las puertas de la factoría, e incluso, disparan varias veces al aire, con lo que el clima se vuelve aún más tenso. Ese día se llevan detenidas a dos personas, el resto tiene que pasar por enfermería por las agresiones de los agentes. Dos años más tarde las 14 personas que habían pasado a hacerse las curas, son encausadas y tienen que pasar, entre otras cosas, por ruedas de reconocimiento. En estos momentos hay ocho sindicalistas, siete de CCOO y uno de UGT, para los que la Fiscalía pide ocho años y tres meses de prisión para cada uno y una sanción económica que supera los 60.000 euros. La Fiscalía ha intentado llegar a un acuerdo con los acusados, ofreciéndoles la reducción de la condena, que supone no ingresar en prisión, a cambio de que se declaren culpables; los trabajadores han rechazado la oferta en tres ocasiones.

 

Artículo anterior

Pinto, activo contra la prórroga de la mina de sepiolita

Artículo siguiente

Tertulia en la Cadena Ser Madrid Sur sobre los titiriteros encarcelados

Desiree Panadero

Desiree Panadero

Periodista.

Sin comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.